La función pública europea está a mitad de camino entre la típica función pública nacional y la de los funcionarios de un organismo internacional. Al mismo tiempo, se ve fuertemente condicionada por las características de la Unión: diferentes lenguas, diferentes países. Sin embargo, la política de personal tiene una cierta racionalidad, lo que justifica su alta productividad, el reducido número de funcionarios y el escaso coste proporcional, ya que medido en porcentaje del PIB es el más bajo de todas las Administraciones europeas