A lo largo de las últimas tres décadas, la estructura territorial del Estado se ha visto sometida a un rápido e intenso proceso de descentralización de competencias desde la Administración Central a las Administraciones Territoriales, en especial, hacia las Comunidades Autónomas. En estos momentos, España es según los organismos internacionales (FMI, OCDE) el país más descentralizado del mundo desarrollado. Desde el punto de vista económico, esta dinámica se ha caracterizado por tres rasgos fundamentales: un aumento del gasto público y del endeudamiento autonómico, una expansión de su burocracia y un incremento espectacular del sector público empresarial en sentido amplio.