A pesar del tiempo transcurrido desde que se dio por cerrada la etapa transitoria (1986) el actual sistema de financiación sigue girando en torno a la hacienda central que es la que todavía proporciona la mayor parte de los recursos utilizados por los gobiernos regionales. Como es sabido, el sistema opera con una lógica de reparto donde la hacienda central ejerce el papel principal, primero, decidiendo el volumen total de los recursos a introducir en el sistema y, a continuación, distribuyéndolos entre las comunidades de acuerdo con una gama de indicadores establecidos en la LOFCA, cuya pertinencia y funcionalidad no siempre resultan claras.