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En los últimos 50 años, todos los Estados democráticos occidentales han evolucionado considerablemente en el campo social, cultural y económico. Esta evolución ha ido acompañada de la consecución de un importante número de logros por parte de las sociedades, muchos de los cuales ya se encuentran recogidos en los ordenamientos jurídicos haciendo realidad el contenido axiológico dimanante de la configuración constitucional del Estado Social.
La llamada crisis del Estado del Bienestar, motivada por los problemas de mantenimiento económico de los mecanismos de protección social, ha evidenciado la necesidad de sustraer determinadas cuestiones del contingente juego político y de las inevitables coyunturas económicas e integrarlas, a través de expresas inclusiones textuales, en las normas jurídico-políticas estructuradoras de los sistemas constitucionales. De esta forma se las dota de una mayor garantía y se asegura el compromiso firme de los poderes públicos en el mantenimiento y mejora de estas conquistas sociales.
El reconocimiento normativo de estos derechos ha de ir aparejado a la obligatoriedad de la existencia de políticas públicas, expresamente incluidas en los textos constitucionales o análogos, orientadas a la promoción y sostenimiento de sistemas públicos de servicios sociales suficientes para la atención de personas y grupos y dirigidas al logro de su pleno desarrollo personal y social, así como a la eliminación de las causas y efectos de las diversas formas de marginación o exclusión social.
