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Fernando Rey Martínez 
El abordaje jurídico del resistente fenómeno de la prostitución, tradicionalmente invisible, vive un momento de ebullición en España y en todo el mundo. El 14 de febrero de 2.006 el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad una moción para iniciar "un proceso de estudio, debate y comparecencias" sobre la situación de la prostitución en España. La Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer deberá elevar un dictamen informativo antes del mes de junio concretando orientaciones y propuestas que se deban desarrollar en todos los ámbitos. Hay acuerdo general en la complejidad del problema, en la dificultad de encontrar soluciones eficaces y viables y en la insuficiencia del tratamiento actual. En el debate previo a la aprobación de la moción citada, el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, invocando los atenuantes de su complejidad y de que se trata de una materia sobre la que recaen títulos competenciales estatales, pero también autonómicos e incluso de los entes locales, sólo pudo exhibir como actuaciones del Gobierno central en esta materia la lucha contra toda forma de explotación sexual , los planes de integración de los inmigrantes, dado que la mayoría de mujeres que ejercen la prostitución son extranjeras, y las subvenciones del Instituto de la Mujer a programas que tienen como destinatarias a mujeres víctimas de explotación sexual . El Ministro proponía también reforzar en el futuro la oferta de itinerarios de inserción socio-laboral alternativos y, como nueva medida, extender a las mujeres que abandonaran el ejercicio de la prostitución el derecho a las rentas de inserción.
