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Uno de los rasgos que mejor identifican la Constitución Española de 1978 entre las demás de Europa es el amplio despliegue dentro de su articulado de aquellos principios y derechos relacionados con el Estado Social. La recepción de esta "nueva generación" de derechos se enmarca constitucionalmente en aquella parte del Título Primero de la norma fundamental, mal dotado desde el punto de vista de las garantías procesales y sustantivas. La falta de mecanismos eficaces para hacer valer los derechos sociales ante los poderes públicos encargados de asegurar su ejercicio real representa sin duda un desafío a su validez normativa. La debilidad normativa de la práctica totalidad de los derechos sociales tiene su origen en una disposición constitucional -el artículo 53-3º- que, paradójicamente diseñada para procurar su tutela, viene a establecer un ambiguo mandamiento respecto de la necesidad de que aquéllos "informen" a la legislación positiva, la práctica judicial y, en general, la actuación de los poderes públicos.
La dimensión estatutaria del principio "social" cobra relieve a partir de la existencia, dentro de las normas fundacionales de las Comunidades Autónomas, de un conjunto de disposiciones programáticas que se inscriben en la línea de los fines relacionados con el Estado del Bienestar. La técnica más frecuente consiste en "importar" los mandatos constitucionales más emblemáticos del concepto Estado social, adaptándolos a continuación al elenco de responsabilidades y competencias asumidas por el poder político y la Administración autonómicos.
Palabras Clave: Estado social. 2. Estado Autonómico. Derechos sociales. Reformas de los Estatutos de Autonomía. Derecho Constitucional a la vivienda.
