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José María Oliver Pozo
La dependencia como prioridad a tener en cuenta en el futuro constituyó una de las principales novedades incorporadas por el Congreso de los Diputados a las recomendaciones del Pacto de Toledo en 1994, siguiendo en esto las Conclusiones de la Ponencia de seguimiento y renovación de dicho Pacto.
El envejecimiento de la población, las mayores tasas de supervivencia de las personas afectadas por alteraciones congénitas, o por enfermedades y accidentes graves, y la creciente incidencia de los accidentes laborales y de tráfico ofrecen una realidad en nuestro país, que está en la base de la demanda, cada vez mayor, de los ciudadanos de una atención pública especialmente dirigida a las personas en situación de dependencia, y también a los cuidadores o cuidadoras que les atiende en su hogar.
En este marco se sitúa el reconocimiento de un nuevo derecho subjetivo de los ciudadanos por la Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. La cual constituye sin duda, una fuerte apuesta política gubernamental para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía.
