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El autor sostiene que el análisis de la distribución competencial se ha realizado a menudo desde un planteamiento formal. Tras revisar los distintos mecanismos de distribución competencial, propone situar esta distribución competencial dentro del más amplio debate sobre la Constitución económica. En este sentido, la expansión competencial de la UE refleja la transformación de las Constituciones económicas del Estado social de los Estados Miembros sin pagar un precio deslegitimador. El sistema diseñado en el Tratado constitucional continúa esta tendencia, con la intención de preservar el modelo de constitución económica, en torno al modelo del Estado regulador. El ¿Estado regulador¿ supone consagrar como decisión constitucional la centralidad del mercado y su autonomía, la función del poder público es garantizar el mercado y su primacía, en detrimento de los instrumentos interventores propios del Estado social. Un ejemplo sería la política económica en la que el control se yuxtapone a la competencia exclusiva nacional de la política presupuestaria condicionándola, aunque no afectándola formalmente, pero, indudablemente, se conforma como un ámbito competencial europeo, donde formalmente no cabe la concurrencia. Concluye el autor afirmando que la Constitución económica europea integra en su seno un momento de unidad representado por la absorción de las constituciones económicas estatales en la europea, que dota de coherencia al modelo superponiéndose a éstas, y un momento de la competencia, que se expresa en la preservación de espacios territoriales vinculados a las técnicas antes mencionadas.
