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Se analiza en este comentario la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional entorno al conflicto entre el Derecho al honor y los derechos de información y de libertad de expresión. La doctrina tradicional distinguiendo entre el derecho a la información veraz y relevante públicamente y el derecho a la opinión, con un ámbito más subjetivo y más amplio resulta más dificilmente aplicable respecto de acontecimientos históricos. El grado de difuminación de los hechos y la opinión que sobre ellos se tiene no puede llevar al intento de las partes por provocar que los juzgadores realicen un juicio sobre la historia. Esta misión está encomendada a los expertos historiadores, cuya opinión se encuentra protegida por un cualificado derecho a la libertad de expresión
