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El Tribunal Supremo ha consolidado en 2004 una nueva linea jurisprudencial que determina la incompatibilidad entre acciones penales y civiles en protección del derecho al honor, de modo que el ejercicio de una de ellas excluye totalmente a la otra. Esta jurisprudencia se basa en la llamada doctrina o teoría de la opción en materia de acciones sobre honor, y no descansa en un fundamento legal expreso, más bien todo lo contrario. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en amparo en torno a esta cuestión, en su sentencia 77/2002, convalidando parcialmente el criterio del Tribunal Supremo. A partir de esta jurisprudencia, la realización de un detenido análisis estratégico de los remedios disponibles en protección del derecho al honor resulta de especial importancia, pues un error en su elección impediría la tutela civil de este derecho fundamental
