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La labor de los árbitros no pretende suplantar el ámbito de actuación de de la justicia estatal. El Estado confiere un amplio margen de libertad para el funcionamiento del arbitraje, pero impone unas exigencias que aseguren unas mínimas garantías a los particulares que eligen esta vía en el sentido de que están amparados por los principios de igualdad, audiencia y contradicción y que las actuaciones arbitrales están sometidas a una estricta confídencialidad. El arbitraje no vulnera los postulados de unidad jurisdiccional y del monopolio estatal de la jurisdicción pues el árbitro no posee una posición jerárquica por encima de las partes, su función es ocasional, su poder decisorio se mueve únicamente en los términos fijados por el compromiso y. además, los laudos precisan para su ejecución el concurso de la potestad jurisdiccional. La fuerza del laudo no deriva de una delegación estatal, sino que se trata de una facultad que proviene directamente de la ley y que emana directamente de la autonomía de la voluntad de las partes, que constituye la esencia y el fundamento de la institución arbitral, por cuanto que el arbitraje conlíeva la exclusión de la vía judicial. Sin embargo, la mera existencia del convenio arbitral no elimina por completo el deber de abstención de los órganos jurisdiccionales del Estado
