En los años posteriores al 11-S, los diversos paquetes de reformas legislativas han llevado a un aumento progresivo de la capacidad del Estado australiano para inmiscuirse en la vida de los ciudadanos de a pie y detener y enjuiciar a individuos sospechosos de llevar a cabo actividades relacionadas con el terrorismo sin tener en cuenta las debidas garantías procesales que han caracterizado a la democracia australiana durante más de un siglo.