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Ricardo Rivero Ortega 
El presente artículo plantea el significado que la subsidiariedad tiene en la aproximación de las decisiones públicas a los ciudadanos, con la atribución de competencias, en principio atribuidas a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a las entidades locales, a través de lo que se conoce como Pacto Local. No debemos olvidar que el Derecho comunitario, de hecho, ha convertido este fenómeno en uno de los referentes de la evolución de los sistemas administrativos de los Estados miembros, y que parece un camino insoslayable que protagoniza el proceso denominado "de segunda descentralización" en España. Se analiza, por ello, si la subsidiariedad comporta proximidad, pero también eficiencia, y cuáles son los instrumentos materiales y los condicionantes económicos que se plantean para que las funciones asumidas puedan ser correctamente desempeñadas. Esto, que se enmarca en un proceso que se inició ya en 2001, permitirá a los ayuntamientos aumentar sus competencias en cuanto a servicios sociales, policía local y bomberos, pero para dar a conocer las perspectivas de su evolución temporal se plantean las consecuencias prácticas que podrían derivarse tanto de la futura reforma del Estatuto de Autonomía como de la aprobación de la nueva Ley Básica del Gobierno y la Administración Local de Castilla y León, aún en fase de anteproyecto.
