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, Xosé Ramón Blanco Sueiro, Julio César Galán Cortés, Carlos Mínguez Gallego, Dolores Serrat Moré
Los autores estudian una reciente sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo (ver texto íntegro en ADS nº 127/mayo 2006) en la que se declara la responsabilidad patrimonial de la Administración por la muerte de un paciente preso. Se analizan los argumentos de la Sala desde una perspectiva jurídica, ética, médica y social. Muestran su disconformidad con la sentencia del alto tribunal, y opinan que la Administración no puede estar legitimada para imponer tratamientos médicos a los reclusos, salvo que medie riesgo grave y cierto para su vida. Se apoyan en la legislación penitenciaria, en la ley de autonomía del paciente, en la Ley General de Sanidad, en la doctrina constitucional, y en argumentos de orden ético.
