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La mayor parte de la doctrina cree que un efecto fundamental de la introducción o facilitación de la ejecución provisional de sentencias por parte del legislador es el de reducir el número de recursos injustificados, es decir, recursos que tienen muy pocas probabilidades de prosperar, que interponen los demandados condenados por una variedad de motivos. En este trabajo se pone de relieve que, no sólo el problema de los recursos injustificados por los motivos que dice la doctrina es posiblemente marginal en la práctica, sino que, además, la ejecución provisional tiene un efecto neutro sobre la decisión del demandado de interponer un recurso. Esta conclusión se verifica con el estudio de la tasa de apelación y la tasa de confirmación de sentencias de instancia antes y después de la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
