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Este artículo expone las resistencias del Gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) en Nuevo León, para promover una democracia deliberativa en la construcción de una pista de carreras en terrenos públicos del Parque Fundidora en Monterrey. Para este fin, mantuvo una asociación mercantil con empresarios, y no compartió información con las organizaciones de la sociedad civil, particularmente con el Comité Pro Rescate Fundidora, que cuestionó el fundamento legal, la legitimidad y la sustentabilidad ambiental de esta decisión pública. Además, desconoció jurídicamente a los ciudadanos organizados, para obtener la información que les permitiera conocer las bases del proyecto; esto imposibilita la construcción de una esfera pública deliberativa, como una de las condiciones para generar la gobernabilidad democrática.
