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Los poderes públicos, por mandato constitucional, deben actuar con mayor intensidad en el mundo rural, promoviendo las condiciones favorables, el marco político, jurídico, social y económico adecuado para el progreso de las regiones y las personas del mundo rural. La actuación de los poderes públicos debe conducir a una adecuada combinación de ambos tipos de medidas; de políticas de gasto e inversión y de políticas fiscales. Este trabajo analiza los actuales beneficios fiscales de aplicación en el mundo rural distinguiendo los de carácter general, los aplicables en las actividades típicamente rurales y los que son de aplicación en el resto de las actividades desarrolladas en el mundo rural. Finalmente, constataremos la necesidad de promover un estatuto fiscal para el mundo rural
