El artículo analiza -a la luz del anteproyecto de reforma de la Ley de Defensa de la Competencia- la aplicación privada de las normas de competencia como importante complemento de la actuación pública. No obstante, el texto se plantea los riesgos para el sistema si no se logra identificar mecanismos adecuados que faciliten la interacción entre ambas, respetando la necesaria independencia de la actuación judicial.