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En los últimos años la contribución de la acuicultura a la seguridad alimentaria, al desarrollo económico de determinadas áreas costeras, a la generación de empleos y de rentas y a proporcionar medios de subsistencia a ciertas comunidades rurales, ha sido reconocido mundialmente (FAO, 2000, 2002). Los esfuerzos realizados para concretar esta dinámica hacen especial referencia al hecho de que "el pescado no debe valorarse únicamente en cuanto producto básico (como objeto de comercio) sino también por su utilización (como alimento)" (FAO, 2004a). De esta manera, el derecho al pescado como alimento forma parte del derecho humano más amplio de los ciudadanos. Y, en este sentido, los gobiernos pueden optar entre tres políticas para garantizar la seguridad alimentaria: a) producción para el consumo interior; b) producción o comercio y utilización de sus ingresos para adquirir otros tipos de alimentos; y c) distribución por medio de programas de ayuda social.
