El 12 de mayo de 2006, el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó el Proyecto de Ley de transparencia financiero de las relaciones financieras entre las Administraciones Públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas. Se trata de una transposición de la normativa comunitaria que pretende evitar los abusos de posición dominante por parte de las empresas vinculadas a los poderes públicos. Con este fin, se impone la obligación de informar a las empresas públicas sobre el uso de las aportaciones que reciben de las administraciones públicas y, se exige, a determinadas empresas, llevar cuentas separadas en función de la actividad. Sin embargo, las exenciones previstas en la norma en tramitación hacen prever un impacto reducido en el conjunto de las corporaciones locales.