María Luisa Araújo Chamorro
El acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del día 27 de julio ha permitido volver al consenso en la financiación de los servicios que desde la Administración autonómica se presta a los ciudadanos. Castilla-La Mancha ha defendido siempre que el modelo de financiación autonómica debía responder a los principios constitucionales de autonomía y suficiencia financiera, reequilibrio territorial y solidaridad. La principal virtud del nuevo modelo es que es el resultado de encuentros, propuestas y, sobre todo, de acuerdos, algo de lo que adolecía el sistema anterior. Atiende la reiterada exigencia de que la financiación autonómica se distribuya de acuerdo con los criterios de la LOFCA, incorpora nuevos recursos y establece los instrumentos adecuados para recibir esta financiación, incorporando un concepto distinto de corresponsabilidad fiscal. A pesar de no ser éste el modelo que desde el gobierno regional se hubiera elaborado, sí tiene la virtud de recoger estos requisitos irrenunciables de manera suficiente, permitiendo así defender los intereses de Castilla-La Mancha.