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El gobierno de la nación ha enviado a las Cortes un proyecto de ley sobre estabilidad presupuestaria que, de aprobarse, transformaría el déficit cero para las administraciones públicas en una obligación legal. En este artículo se analizan las posibles consecuencias que la futura ley tendrá para las políticas de inversión de nuestras entidades locales así como los interrogantes que el texto legal introduce sobre cuestiones tales como reparto de los objetivos de estabilidad entre distintos niveles de la administración, contenido y alcance de los planes para recuperar situaciones de inestabilidad, métodos de seguimiento y control sobre el cumplimiento de los objetivos, articulación entre la normativa local actual y la futura ley, etc.
