Susana Barraz
Los procesos de modernización de las administraciones públicas de los países de la OCDE han permitido desarrollar actuaciones y modelos para el desarrollo de programas de mejora de la calidad de los servicios públicos que prestan. La formalización de estos programas en un compromiso con el ciudadano constituye lo que se ha denominado genéricamente Carta de Servicios Públicos, documentos que integran el objetivo de informar al ciudadano con la responsabilidad del prestatario con la gestión de los servicios que ofrece. Estos instrumentos están funcionando desde comienzos de los años noventa en varios países de la OCDE. La Administración Pública española acaba de sumarse a estas iniciativas. En este contexto, son precisamente los entes locales, por su proximidad al ciudadano, los que deberían emprender, por iniciativa propia, políticas de información cuyo objetivo sería dar a conocer a sus ciudadanos qué servicios tienen a su disposición y en qué condiciones pueden demandarlos.