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Felicidad García de Bustos, Alejandro Martínez Gómez
Uno de los aspectos más polémicos de la recientemente aprobada ley de presupuestos para 1999 ha sido la enmienda introducida en el Senado por el Grupo Popular en relación a las Fundaciones públicas sanitarias; si bien hay que recordar que su contenido se refiere exclusivamente a aspectos del personal de los hospitales públicos que se transforman en Fundaciones, porque la habilitación para su creación se produjo en la ley 15/ de 25 de abril de 1997.
No obstante, lo cierto es que el debate se ha reabierto y que, en nuestra opinión, podría enmarcarse dentro de otro más amplio, referido al proceso de descentralización administrativa que, bajo el argumento de la búsqueda de una mayor agilidad, consiste en externalizar en entidades públicas funciones previamente ejecutadas en el propio seno de la Administración. Esta fórmula se concreta, en el caso de los servicios sanitarios, en algunos importantes aspectos que podrían redundar decisivamente en una mejor gestión de los hospitales públicos y, por ende, de la calidad de la atención sanitaria; si bien para alcanzar este objetivo es preciso que se cumplan determinadas condiciones.
