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La calidad del suministro eléctrico depende, entre otros factores, de que las redes de transporte y distribución sean capaces de transmitir los flujos de energía que son necesarios para atender la creciente demanda de los consumidores españoles. El cumplimiento de esta función exige que se acometan las inversiones que resultan imprescindibles para asegurar la modernización y la ampliación de las mismas. En este trabajo se analiza el marco normativo que regula la retribución que perciben las compañías de distribución que operan en el sector eléctrico español, con el fin de determinar qué tipo de incentivos proporciona a dichas empresas, y valorar si dichos incentivos son los más adecuados para fomentar las inversiones que requiere la mejora de la calidad del servicio. Una vez detectadas los insuficiencias del actual marco normativo se ofrecen propuestas para corregirlas, indicando las pautas que se habrían de seguir para incentivar la eficiencia productiva sin descuidar la calidad del suministro.
