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La tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia arranca con una serie de críticas atinentes fundamentalmente a la financiación y coordinación de un nuevo cuadro de prestaciones sociosanitarias sin precedentes en España. La envergadura de este nuevo proyecto político, que tiene su antecedente legal más próximo en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, exige de todos los interlocutores un gran esfuerzo para lograr una ley que no quede en papel mojado. Todos los sectores apoyan la iniciativa legal, pero las Administraciones autonómicas y municipales reclaman un mayor peso en su configuración, pues de ellas depende la garantía efectiva de las prestaciones por la atribución competencial que el Estado les asignó en materia sanitaria y de servicios sociales. Esta es una de las conclusiones principales que los asistentes al I Congreso Nacional de Dependencia coincidieron en destacar en los amenos y polémicos debates que Actualidad del Derecho Sanitario adelanta en esta primera entrega del informe de las jornadas
