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A diferencia de lo ocurrido ante crisis anteriores, cuando las discusiones entre las partes (acreedores y deudores, inversores y países receptores) se encuadraban en algún tipo de marco institucional, la crisis experimentada por Argentina a partir del 2001 mostró a un país abandonado a su suerte, no en una sino en dos oportunidades. Pero aunque inicialmente los inversores extranjeros habían logrado modificar las reglas en su provecho, obteniendo mayor protección y más seguridad jurídica, la situación terminó siéndoles desfavorable. La experiencia de Argentina sugiere que, dado el peso declinante de las instituciones financieras internacionales, en la situación actual las soluciones asimétricas no son duraderas y que los gobiernos democráticos terminarán por dar mayor prioridad a sus electores que a los inversionistas extranjeros cuando estén obligados a elegir entre unos y otros. Esto lleva a preguntarse si el caso argentino es una excepción o bien marca un debilitamiento de la protección a la inversión extranjera.
