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La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 13 de septiembre de 2005 resuelve un conflicto competencial que ha mantenido enfrentados al Consejo de la Unión Europea y a la Comisión Europea durante los últimos cuatro años. A propósito de la protección de los intereses medioambientales de la Comunidad, se puso en juego la eventual competencia del legislador comunitario para imponer a los Estados miembros determinados tipos y sanciones penales para la protección de los objetivos y libertades comunitarias. El Tribunal de Justicia ha dado vía libre al nacimiento de las primeras normas de Derecho penal de la Comunidad.
