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Jesús María Silva Sánchez 
La abundante producción doctrinal sobre la regulación de las consecuencias accesorias para las empresas, previstas en el art. 129 del Código penal, no ha dedicado demasiada atención a su aplicación por los tribunales. Lo cierto es que ésta ha sido extraordinariamente restrictiva en sede de sentencia y, mucho más, cuando se ha tratado de su adopción como medidas cautelares en la fase de instrucción. Esta praxis judicial obedece en parte, seguramente, a razones culturales. Pero no debe obviarse el carácter técnicamente defectuoso e incompleto del texto legal, así como la extrema gravedad de las consecuencias previstas en él. A la vista de la limitada aplicación de las consecuencias accesorias, el comentario propone una reflexión crítica general sobre la opción adoptada en su día por el legislador español.
