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El temor a ser tachados de asistencialistas y criticados por establecer subsidios que alimenten la pereza ha llevado a las autoridades públicas a establecer unas ayudas asistenciales de baja intensidad protectora, que no reducen el fenómeno de la pobreza. En países como España el incremento del desempleo y la precarización salarial hacen que la pobreza vaya adquiriendo un carácter estructural. Así entre 1981 y 1991, a pesar de ser una etapa de consolidación del Estado de Bienestar, el número de pobres sólo se había reducido en un cuatro por ciento (300.000 personas). Con este artículo nuestro objetivo es realizar una reflexión sobre la orientación y efectividad de la acción asistencial en efectivo del Estado ante una serie de situaciones de inseguridad económica que afectan a los tramos más bajos de renta, incidiendo en la suficiencia o insuficiencia de estas prestaciones, destinadas a los colectivos de población más desfavorecidos, para traspasar los umbrales de pobreza.
