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El cambio experimentado tanto en el sistema político español como en la estructura del Estado, con la atribución de distintas competencias en materia cooperativas a las Comunidades Autónomas y el mandato de la Constitución Española que, en el apartado 2 en su artículo 129 ordena a los poderes públicos el fomento mediante una legislación adecuada, de Sociedades Cooperativas ha conducido, en Aragón, a la aprobación de una Ley de Cooperativas en 1998
