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La llamada transición democrática postfranquista se inició en la España de los años 1970 con un proyecto de ruptura democrática y popular del régimen dictatorial del general Franco. Pero pronto desembocó en una simple transición negociada para crear una Monarquía parlamentaria, mediante un pacto elitista desde arriba entre las fracciones franquistas y antifranquistas de la "nueva burguesía", articuladora del capital y del Estado. A cambio de la democracia electoral y de la recuperación del parlamentarismo, los líderes (burgueses) de la oposición antifranquista ofrecieron tácitamente una autocontención o reducción de los contenidos democráticos-populares o socioeconómicos de la transición. Y en consecuencia, tras la movilización del movimiento obrero y de las masas populares de 1975-76 (no sólo contra el régimen político franquista, sino en pro de reivindicaciones económicas y sociales) tuvo lugar su desmovilización y "desencanto" programados por los propios cuadros de la oposición. A esta desideologizacíón pronto se unieron los efectos disciplinarios de la crisis económica y del paro, provocando una crisis de la conciencia obrera. Sin embargo, a pesar de esta moderación de la primera transición (1975-1981), el intento de golpe de Estado del 23F/81 por elementos residuales del antiguo régimen abrió una segunda transición (1982-1987) con el triunfo electoral del PSOE de 28 octubre/82. Pero superada la fase socialdemócrata (creación del Estado del bienestar...), el nuevo equipo gobernante constituía una socialtecnocracia dispuesta a disciplinar a las masas trabajadoras para restablecer la rentabilidad empresarial. Y en su conjunto, a cambio de la recuperación de las libertades democráticas, el proceso de la transición postfranquista se ha realizado a costa del sacrificio de las masas trabajadoras y populares, al suponer una salida de la crisis socialmente regresiva (aumento del desempleo, reducción de las rentas salariales, etc).
