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La imposición ambiental se encuentra en la actualidad en el centro del debate político, como un medio que sirve para aumentar la recaudación que pueden obtener las comunidades autónomas, a través del establecimiento de tributos propios de carácter medioambiental que graven aquellas actividades más contaminantes y menos respetuosas con el medio ambiente.
El desarrollo de la fiscalidad verde en los países de la Unión Europea en los últimos años, ha supuesto un aumento de recaudación por parte de los Estados que ha servido para la consecución de una reducción de la tributación sobre las rentas del trabajo en aquellos países en los que se han implantado.
En España, la creación de 'impuestos verdes' es una de las recomendaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y las Comunidades Autónomas, haciendo uso de su potestad normativa, han establecido algunos impuestos ambientales sobre hechos imponibles no gravados por el Estado, tales como la contaminación atmosférica, el depósito de residuos o instalaciones o actividades que incidan sobre el medio ambiente.
Recientemente, la Comunidad autónoma de Murcia ha establecido tres nuevos impuestos autonómicos de carácter ambiental, siguiendo la línea ya marcada por otras Comunidades Autónomas.
