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Este artículo trata sobre las reformas judiciales en Sudamérica, durante los años 90. Muestra que tanto en el caso de la Argentina como en el de Chile, las reformas a los códigos de procedimiento estuvieron motivadas por tres factores centrales, vinculados con el doble proceso de democratización y liberalización económica: i) la preocupación con la violación de derechos humanos que provenía de los pasados regímenes autoritarios; ii) el deseo de crear ambientes legales estables tanto para los derechos de propiedad como para la inversión extranjera; y iii) la preocupación pública en torno a tasas de criminalidad cada vez más altas. Las reformas constitucionales que afectaron a las Cortes Supremas tanto en la Argentina como en Chile estuvieron vinculadas por razones estrictamente auto-interesadas. En última instancia, estas reformas fueron el resultado de compromisos políticos entre la izquierda y la derecha en respuesta a particulares eventos nacionales. En Uruguay, los frustrados intentos por desarrollar reformas en el código de procedimientos criminales y en el ámbito de la Corte Suprema pueden atribuirse a una combinación de falta de voluntad política, la carencia de apoyo a las mismas reformas judiciales, y una falta de recursos económicos. Notablemente, el análisis muestra que en ninguno de los tres países examinados las agencias internacionales han jugado un rol significativo a la hora de promover reformas u ofrecer asistencia financiera o técnica en favor de los cambios en los códigos de procedimiento o en la organización de las Cortes Supremas. Ello sugiere que estos dos tipos de reformas judiciales en el Cono Sur han sido motivados, ante todo, a partir de demandas nacionales, y no a partir de una presión internacional �lo que muestra una diferencia importante en el contexto de reformas que distinguió a estos tres países latinoamericanos�, y el que se dio en otros países de la región.
This article is about judicial reform in the Southern Cone in the 1990s. It shows that for Argentina and Chile, procedural code reforms were motivated by three central factors linked to the twin processes of democratisation and economic liberalisation: i) concern with human rights violations stemming from the past authoritarian regimes; ii) the desire to create a stable legal environment for property rights and foreign investment; and iii) public concern with rising crime rates. By contrast, constitutional reforms affecting the Supreme Courts in Argentina and Chile tended to be driven by narrow political self-serving interests. These reforms ultimately came about as the result of political compromises between the left and the right in response to particular catalytic national events. In Uruguay, unsuccessful attempts at both criminal procedure reform and Supreme Court reform may be attributed to a combination of a lack of political will, lack of support from the judiciary itself, and a lack of financial recourses. Interestingly, the analysis shows that in none of the three countries examined have international agencies of foreign donors played a central role in pushing for or offering financial or technical assistance to procedural code or Supreme Court reforms. This suggests that these two types of judicial reforms in the three Southern Cone countries have principally been driven by national demand rather than external pressure �which makes the context for reform different from that of many other Latin American countries�.
