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Susana Rodríguez Escanciano 
La importancia indiscutible de la institución familiar, así como la cantidad y variedad de cuestiones que plantea, explica el relevante papel de esta realidad en el conjunto del ordenamiento jurídico nacional y también -cómo no- de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Tomando como punto de partida los dispuesto en el artículo 39 de la Constitución, la familia es objeto de protección a través de muy diversas políticas públicas (estatales y autonómicas), dentro de las cuales destacan aquéllas que incorporan mecanismos jurídicos capaces de armonizar el desarrollo de un trabajo asalariado o autónomo con la atención de responsabilidades familiares
