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Durante las últimas décadas, en la mayoría de los países europeos se ha aceptado ampliamente que el estado asumiese plena responsabilidad en materia de bienestar, incluyendo los servicios sociales personales, así como, en el marco de este ámbito, el sector público se ha venido a hacer cargo de la prestación de cuidados de larga duración para personas mayores. El término "cuidados de larga duración" hace referencia a una extensa gama de servicios de apoyo médico, personal y social que precisan aquellas personas que no pueden valerse por si mismas para afrontar las actividades básicas de la vida diaria de forma permanente en el tiempo y que pueden llegar a precisar que la provisión de servicios necesarios para mantener su calidad de vida se realice en el espacio de una institución residencial. Sin embargo, el coste de los cuidados que proporcionan los sistemas de servicios sociales está incrementándose aceleradamente en los países desarrollados, como resultado de determinados factores relacionados con el aumento de necesidades y demandas, tales como el envejecimiento de la población o la longevidad. Adicionalmente, otro elemento fundamental es la disminución de las posibilidades del apoyo informal provisto por las familias, que cuenta con un importante papel en la cobertura de este tipo de necesidades de cuidados. En este marco, este artículo explora algunas de las tendencias actuales en la prestación mixta, pública y privada, de servicios del bienestar y, desde la perspectiva económica, intenta una aproximación al perfil económico y financiero de estos servicios de atención en el contexto actual. De esta manera, la primera parte resume el estado actual de la cuestión y efectúa un recorrido por los aspectos demográficos que afectan al tema objeto de estudio, analizando las características básicas de actuación de los diferentes agentes, que, perteneciendo a distintos sectores institucionales, configuran la oferta de recursos de atención en los sistemas de bienestar. Un argumento básico a considerar es que en España, las competencias básicas de regulación e implementación de política social en materia de servicios sociales se encuentran descentralizadas territorialmente a escala regional en sistemas autonómicos de acción social. Asimismo, una de las características de estos sistemas mixtos es que empresas, sector público y organizaciones privadas no lucrativas actúan como proveedores de cuidados de larga duración para las personas mayores. A continuación, se muestran los resultados de una aplicación empírica concreta, utilizando a tal fin la metodología que proporciona el análisis económico y financiero basado en la técnica de los ratios, partiendo para ello de una muestra de datos comprendidos en el período 2000-2002, obtenida a partir de la información contable de entidades que contaban con un centro residencial y operan en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. Finalmente, se concluye con algunas propuestas de desarrollo futuro
