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La sentencia ¿Comisión/Consejo¿, dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el 13 de septiembre de 2005, constituye un precedente jurisprudencial cuyo impacto, sin duda alguna, será notable no sólo en el ámbito de la protección medioambiental, sino también en relación con la posibilidad de exigir que los Estados miembros impongan sanciones penales (es decir, de Derecho penal) en caso de infracción de normativas comunitarias referentes a otras políticas o de las disposiciones nacionales que las transponen. En este sentido, dicho fallo desmiente la aplicabilidad de las tesis soberanistas que tienden a imponerse en algunos Estados miembros... Por esta razón, la sentencia en cuestión puede considerarse como una buena noticia, especialmente porque no cuestiona el equilibrio interinstitucional, sino que, si se nos permite la redundancia, lo reequilibra.
