El acuerdo alcanzado sobre el Estatuto catalán deja tres facturas sobre la mesa. El PSOE deberá pagar una factura política por este acuerdo, al visualizarse las presiones nacionalistas para llevar a buen puerto el Estatuto. El sistema político también paga una factura que tiene que ver con una concepción del Estado que otorga fuerza añadida a los nacionalismos periféricos. Y por último, el pacto hará pagar una factura considerable al Estado de Bienestar español a largo plazo, al variar los criterios de redistribución de la riqueza que hasta ahora eran competencia del Estado.