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La Segunda República española, desde los primeros momentos, proclamó y demostró un fuerte compromiso para resolver los problemas del campo andaluz. En esta línea se enmarca el hecho de que apenas pasado un mes de su instauración se decidiera "a acometer en toda su vastedad la reforma agraria española" pero ante todo para; Andalucía. Y con el fin de cumplir tan ardua tarea, el 21 de mayo de 1931, se creó un órgano, la Comisión Técnica Agraria, para redactar las bases jurídico-económicas en que ha de inspirarse la reforma agraria, integrada por "los especialistas más cualificados: ingenieros agrónomos, forestales, pecuarios, economistas, estadísticos, juristas, propietarios y obreros". Su fruto principal fue un Proyecto de Ley de Bases de Reforma agraria, de una calidad técnico-jurídica sumamente elogiada; pero, como suele ocurrir, una vez más, se produjo la contradicción dialéctica, razón técnica versus razón política, y lógicamente aquélla no pudo resistir a ésta.
