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La necesidad del poder de organizar el territorio constituye una pieza clave para el buen funcionamiento de la maquinaria estatal. Los trabajos de división realizados durante los períodos constitucionales, concretamente, los proyectos de 1813 y, especialmente el de 1822, se consideran los antecedentes más directos de la división provincial de 1833. Pero existe un paso intermedio, poco conocido, entre el proyecto de 1822 y el definitivo de 1833. Desde 1829 se desarrolló toda una importante labor de reordenación territorial en la que jugaron un papel fundamental Chancillerías, Audiencias y Ayuntamientos de las capitales de provincia, en una labor preliminar que hoy nos proporciona una documentación de gran valor para conocer el proceso de gestación de las actuales provincias y la realidad social e institucional de la España de principios del siglo XIX.
