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La edad es un factor intrínsecamente ligado a la exclusión social. Determinados colectivos, por el hecho de estar en una determinada etapa vital, son excluidos y considerados como improductivos para la sociedad. Legalmente y salvo excepciones, los mayores de 65 años (edad baja dada la esperanza de vida) no pueden trabajar. La evolución de la población hace que un número de personas considerable, se vaya a encontrar en esa categoría de la pirámide poblacional, en un periodo breve de tiempo.
Se aborda la disposición de bienes y la figura de la incapacitación como vías de control patrimonial para el anciano. La incapacitación ha de ser dictada por un juez, profesional del derecho y posee las garantías jurídicas pertinentes. Los servicios y prestaciones sociales y el papel del Estado en su concurso (planteándonos el papel de CCAA y ayuntamientos, próximos al ciudadano), así como las diferencias en los ámbitos rural y urbano son otros aspectos abordados en el presente trabajo.
