Aunque con evidente retraso respecto de los particulares e incluso en relación con otras Administraciones Públicas, la Administración de Justicia se orienta entusiastamente al natural aprovechamiento de las denominadas "Nuevas Tecnologías" en el desarrollo de las tareas que le son propias. Sin embargo, esa predisposición no se ha manifestado de igual manera cuando las innovaciones tecnológicas han de desplegar sus efectos en el marco del proceso, evidenciando una actitud legislativa no tan indolente como desconfiada hacia este fenómeno.