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El advenimiento de la democracia a España trajo consigo la progresiva democratización de las instituciones y la actuación política de los distintos gobiernos (UCD, PSOE, y PP) ha incidido inexorablemente sobre el panorama mediático español configurando las nuevas políticas mediáticas.
La Cadena del Movimiento Nacional, que servía de aparato ideológico del franquismo, se fue desintegrando con los años y, a este factor, hay que añadir otros como la integración en la Comunidad Europea en 1986, el mayor flujo de capital extranjero en las empresas de comunicación en España, etc. A partir de las empresas ya existentes fueron surgiendo los grupos multimedia, impulsores de nuevos modelos de negocio, nuevas estrategias empresariales y de comunicación.
El accionariado de estos grupos, en ocasiones se entremezcla con corporaciones de otros ámbitos económicos (telecomunicaciones, financiero, energético, etc.) a priori no relacionados con la producción cultural. De hecho, no tienen como única actividad la periodística, sino que han derivado su actividad hacia otros sectores afines como son la producción audiovisual y de contenidos, la publicidad, Internet, etc.
La información es un derecho que se reconoce en la Constitución española de 1978 en su artículo 20 y los medios de comunicación han de atenderlo de forma preferente. Se plantea un debate sustancioso: si los grupos multimedia, resultan ser una amenaza contra la independencia informativa o, de lo contrario, la concentración mediática lleva consigo una solvencia económica que garantiza una línea editorial, pues se fortalece la marca al quedar libre de cualquier imposición.
