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Victoriano Sierra Ludwig
La entrada de España en las Comunidades Europeas y, particularmente, la asunción de los compromisos derivados del cumplimiento de la legislación ambiental, supusieron un vuelco en las necesidades de financiación y en el acomodo de las diferentes estructuras político-administrativas y de las estrategias ejecutables al efecto. Paralelamente, el marco competencial español sobre la materia ha supuesto un cambio sustancial en la gestión y, por tanto, en los compromisos asumibles desde las diferentes administraciones públicas, especialmente en la confección y ejecución presupuestaria. Asímismo, las sentencias del Tribunal Constitucional y la exigencia del correspondiente acomodo a los principios comunitarios generan la modificación gradual de ciertas pautas, por lo que el modelo a seguir se encuentra todavía en una fase de reajuste que precisa de un impulso diferente a fin de no acelerar el distanciamiento con las iniciativas innovadoras desplegadas por los países comunitarios más avanzados en el diseño de nuevas estrategias medioambientales
