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Isabel Pardo García
El proceso de integración europea ha supuesto una nueva configuración de las disparidades regionales. Aunque se ha avanzado en su disminución, la zonas menos desarrolladas de la Unión Europea tienen que afrontar las desigualdades en su interior. Su fragilidad deriva de su escasa dotación en capital humano cualificado, de su lejanía de los centros de decisión, de su deficiente dotación de infraestructuras de telecomunicaciones y de su escasa inversión en investigación y desarrollo. La entrada en vigor del Acta Unica situó en un primer término el logro de la cohesión económica y social. Ello supone que todas las regiones y sus ciudadanos participen en el proceso de integración europea, que haya un mayor peso de las políticas dirigidas a las regiones menos desarrolladas y que éstas presten atención a las causas de sus debilidades. El objetivo de este artículo es analizar en qué medida los Marcos de Apoyo Comunitario de 1989-93, 1994-99 y las perspectivas financieras para el período 2000-06, han consolidado los principios que garantizan la cohesión. Es decir, si los Fondos Estructurales han aumentado su peso en el presupuesto comunitario; si sus acciones se dirigen a los factores que explican el atraso de las regiones menos desarrolladas y el grado de participación de las instituciones regionales y locales y los agentes económicos y sociales en el diseño y ejecución de la política regional
