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José María Zufiaur Narvaiza
El modelo de integración consagrado en Maastricht responde a una óptica monetarista que posterga o ignora aspectos clave como el fiscal, el presupuestario, la política social y la propia estructura democrática de la Comunidad.
La unión monetaria no lleva por sí misma a la unidad política, que, sin embargo, le es necesaria.
Por ello, habría que cambiar de estrategia y propugnar un federalismo. Que dé preeminencia a la política sobre la economía. Es preciso evitar que la fijación de los criterios de convergencia monetaria conduzca a una Europa de dos velocidades, con mayores desigualdades y un gran deterioro social.
La política social ha sido mero corolario del marcado en el proceso de integración, con un enorme desfase con respecto a lo económico.
En Maastricht se producen tres cambios principales: se reconoce lo social como un elemento consustancial a la construcción europea, se amplían las materias susceptibles de legislación por mayoría cualificada y se abren nuevas posibilidades al diálogo social, con la inclusión del compromiso suscrito por UNICE, CEEP y la CES (31 da octubre del 92). Esto último implica, al menos conceptualmente, la imbricación de los interlocutores sociales en el proceso normativo de la Comunidad y un cierto reconocimiento de la negociación colectiva comunitaria.
Pese a los avances teóricos que implica Maastricht en materia de política social, en la práctica puede volverse contra las aspiraciones sindicales: no hay tiempo material para poner en marcha los instrumentos necesarios que pudieran compensar las consecuencias negativas del mercado interior; por ejemplo, el dumping social. El Tratado avala los compromisos a que pueden llegar los interlocutores sociales, pero los empresarios no están interesados en una regulación social, que retrasan y recortan cuanto pueden.
Por ello, sin dejar de aprovechar las oportunidades concretas en la negociación, hay que presionar el poder político comunitario para que asuma sus responsabilidades.
La Comisión y al Consejo no puedan limitarse a delegar en los interlocutores sociales. Tienen que legislar, empezando por poner en práctica el penalizado Programa de Acción Social.
