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Los resultados en materia social del Tratado de Maastricht han creado un precedente importante en la historia de la CEE, con implicaciones positivas y negativas que, por el momento, son difíciles de valorar.
Por una parte, y esto es negativo, se han concluido dos capítulos sociales distintos, lo que supone el abandono claro del principio de una Comunidad. Igualmente preocupante es la extensión de competencias comunitarias en el ámbito de la política social, así como la aplicación del voto por mayoría cualificada a temas tan delicados como son las condiciones de trabajo o la información y consulta de los trabajadores. Por otra parte, y esto es una novedad, se ha fortalecido el papel de los interlocutores sociales, que podrán concluir acuerdos a nivel europeo como alternativa a la legislación comunitaria.
