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Fernando de la Hucha Celador 
, Juan Zornoza Pérez
Tras la descripción del funcionamiento y los mecanismos da financiación de los Fondos de Inversión de los Trabajadoras en Suecia, el presente articulo pretende ofrecer un análisis de los problemas constitucionales que suscitaría su implantación en España. Para ello comenzamos ofreciendo un esquema de las posibles vías de financiación tributaria de los mismos: establecimiento de un impuesto autónomo sobre los beneficios societarios extraordinarios; afectación de una parte de la recaudación del Impuesto sobre Sociedades y, por último, establecimiento de un recargo en el Impuesto sobre Sociedades. En cada uno de los posibles mecanismos de financiación se ponen de relieve los problemas constitucionales que plantea el artículo 31 de nuestro texto supremo, haciendo especial hincapié en el principio de no confiscatoriedad y sus conexiones con el derecho de propiedad.
En al último capítulo se afrontan los problemas que plantean la gestión de caudales públicos y las exigencias constitucionales en materia de gasto público, así como el examen de las estructuras administrativas a través de las que deberán desarrollar su actividad los fondos; en esta sentido, se estudian las posibilidades de engarce de los Fondos de Inversión de los Trabajadoras en el futuro Consejo Económico y Social, previsto en al artículo 131.2 de nuestra Constitución.
