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Ana Vicente Merino 
La comparación de los sistemas de financiación de la protección social de los diversos países exige un instrumento metodológico que garantice la homogeneidad de los datos. Para los países de las Comunidades Europeas (CE) este instrumento es el del SEEPROS (Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social). Tras una exposición de la clasificación que hace el SEEPROS de los ingresos según la naturaleza de los recursos y el sector de procedencia, la autora enumera las instituciones cuyos datos se recogen actualmente las cuentas españolas de protección social en términos del SEEPROS.
Seguidamente se expone la evolución de los gastos e ingresos de protección social de los países de la CE, en porcentajes del PIB, de 1980 a 1984 y su proyección a 1990, así como de los principales indicadores demográficos (población total, indicadores de dependencia, tasa de paro) de 1984 a 1990. Se analiza, asimismo, la estructura porcentual de los ingresos que financian la protección social de estos países en 1984 y para 1990, subrayándose la diferencia entre países, como Dinamarca, en que la mayor parte de la financiación se hace de aportaciones públicas, y países en que predomina la financiación a través de cotizaciones. También se pone de manifiesto cómo, en España, las cotizaciones de los empleadores representan un porcentaje bastante alto del total de los recursos, pero un porcentaje sustancialmente inferior a la media de la CE en términos de PIB.
Una parte importante del artículo va dedicada a exponer los principales elementos determinantes de las financiaciones de las prestaciones más esenciales (asistencia sanitaria y prestaciones de vejez, invalidez y supervivencia de los asalariados de la industria y del comercio) en los países de la CE, así como los tipos de cotización de empresario y trabajador relativos a estas prestaciones.
El artículo concluye con unas consideraciones sobre los problemas que plantea la elección entre el predominio de las cotizaciones o de las aportaciones públicas en la financiación de los gastos de protección social.
