La satisfacción de la necesidad de enseñanza puede ser efectuada a través del mercado, pagando un precio por ello. Han de existir razones, pues, que justifiquen el cambio de "necesidad privada, satisfecha vía mercado, a "necesidad preferente, satisfecha vía presupuesto. Fueron tres los grandes objetivos que justificaron esta cambio: asegurar la igualdad de oportunidades, proporcionar la integración social y contribuir al desarrollo económico.
Tras mostrar cómo estos objetivos se cumplen a través de la provisión pública de servicios de enseñanza, el autor examina las instituciones que tienen a su cargo esta prestación. Establece comparaciones entre España y diversos países de constitución federal y llega a la conclusión de que, en el reparto de esta función entre las administraciones central, regionales y locales, España acusa una marcada debilidad de la participación de las locales (7 por 100 del gasto en España frente a más del 43 por 100 de promedio en los otros países).
En la última parte de su trabajo el autor compara el gasto público en educación en España de 1969 a 1986 con el mismo gasto en países de las Comunidades Europeas entre 1960 y 1981. Queda así de manifiesto que en un período de 17 años tal gasto público ha crecido en España, en términos reales, a una tasa media anual del 6,8 por 100, pasando su participación en el PIB de un 1,5 por 100 en 1969 a un 3,5 por 100 en 1986. Más, a pesar de este fuerte crecimiento, dicho gasto es aún inferior a la media no ponderada de los países de las CE, que parece estar estabilizado en torno al 5,5 por 100 de participación en el PIB.
El autor presenta finalmente dos cuadros en los que se muestra, en pesetas corrientes y en pesetas constantes, la distribución del gasto con educación de la Administración Central española entre las distintas funciones (administración general, investigación y enseñanza por niveles) de 1969 a 1980.